Cuatro estados de EEUU exigen 1,4 billones a Meta por lucrarse a costa de la salud mental de los menores

La cuantía iguala el valor en bolsa de toda la compañía, que se queja de que "una sanción de tal magnitud no tiene precedentes en la historia de la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor" Sobreestimulación, dopamina, miedo al rechazo: así es como las redes sociales usan la neurociencia contra los adolescentes Meta ha revelado en un documento judicial que los fiscales generales de cuatro estados de Estados Unidos le reclaman sanciones por valor de 1,4 billones de dólares (880.000 millones de euros) en el marco del litigio que acusa a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción entre los usuarios jóvenes. La demanda, a la que ha tenido acceso la agencia Reuters, sostiene que la empresa oculta los riesgos de sus plataformas para la salud mental de los menores. La cuantía de la multa aparece en la respuesta de Meta a los escritos de los fiscales generales, en los que estos explican cómo debería calcularse la sanción económica. La cifra, que equivale prácticamente a la capitalización bursátil total de la compañía , que este martes cerró en 1,54 billones de dólares. “Una sanción de tal magnitud no tiene precedentes en la historia de la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor”, ha protestado la dirección de Meta en sus alegaciones. El proceso sale a la luz semanas antes de que comience el juicio, que tendrá lugar en la localidad de Oakland, en California. Los estados demandantes son California, donde Meta tiene su sede legal, a la que se han unido los fiscales generales de Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Estos calculan la penalización multiplicando el importe de las multas contempladas en sus leyes locales por el número estimado de adolescentes afectados. El fiscal general de California, Rob Bonta, ha señalado que el proceso judicial busca obligar a Meta a asumir su responsabilidad por haber antepuesto los beneficios económicos a la seguridad infantil. “Meta ha antepuesto los beneficios a la seguridad de los niños y ha agravado la crisis de salud mental que, según observamos, está afectando a toda una generación de niños estadounidenses. El Departamento de Justicia de California espera poder exigir a Meta que rinda cuentas plenamente en el juicio que se celebrará en agosto”, ha afirmado un portavoz. Este proceso forma parte de una ofensiva judicial a gran escala en el país. Veintinueve estados han demandado a la corporación en la justicia federal por recolectar información de menores sin el consentimiento de sus tutores, vulnerando la legislación estadounidense de privacidad infantil. El juicio de agosto ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers unificará estas reclamaciones junto con las acusaciones específicas de los cuatro estados sobre el diseño adictivo de los servicios. A esta vista le seguirá otro juicio en febrero del próximo año en el que participarán otros 14 estados. La presión sobre el sector se ha incrementado tras los recientes reveses en los tribunales. El pasado marzo, un jurado del estado de Nuevo México condenó a Meta a abonar 375 millones de dólares tras probarse que la empresa engañó a los consumidores locales. Meta niega los cargos argumentando que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica reconocida. La jueza del caso rechazó el mes pasado el intento de la compañía de suspender el proceso, al considerar que existen discrepancias sobre si las aplicaciones se dirigen a los niños. Otras empresas del sector como Snapchat, Alphabet (Google) y ByteDance (TikTok) afrontan miles de reclamaciones similares en los tribunales estadounidenses por el impacto de sus algoritmos de recomendación en la población menor de edad. La campaña de demandas en EEUU tiene un eco en el resto del mundo a través de diversas propuestas de regulación para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Australia fue el primer país en aprobarla, con resultados contradictorios, mientras que en España, Francia y Reino Unido se encuentra en tramitación parlamentaria.