El Tribunal Supremo rechaza llevar la regularización extraordinaria de migrantes ante la justicia europea

Indica que una vez escuchadas las alegaciones de las partes "no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal" Tres jueces conservadores del Supremo abren la vía europea sin amenazar la mayor parte de la regularización El Tribunal Supremo ha acordado finalmente que no elevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que se pronuncie sobre si la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez colisionaba con las normas europeas en materia de inmigración. El Alto Tribunal explica que “no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal”. Fue el pasado 30 de junio cuando tres magistrados de sensibilidad conservadora de la Sala de lo Contencioso habían acordado en dos providencias preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si era procedente elevar esa cuestión prejudicial para que fuera el TJUE quien valorara si el real decreto del Ejecutivo chocaba con las directivas europeas. La Sección Quinta de esa Sala recuerda que, tras revisar los recursos de la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón -ambas presididas por el PP-, ha decidido no adoptar ninguna medida cautelar de las que proponían y que consistían en la suspensión de la ejecución de esa regularización. Los magistrados se remiten a lo que ya decidieron con anterioridad en otras resoluciones. E informan de que esta decisión ha sido adoptada sin que se haya formulado ningún voto particular discrepante. A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo ya rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Entendían los magistrados que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaba así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”. La decisión del pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto al TJUE la adoptaron sólo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014 siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón. Esos tres jueces explicaban que la Unión Europea (UE) aprobó el Pacto de Migración y Asilo (PMAUE) entre abril y mayo de 2024 y que el mismo cristalizó en una serie de normas comprendidas en el Reglamento de la UE que ya están vigentes pero no son aún aplicables. Frente a esa norma europea, indicaban, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó “un proceso de regularización que, por su propia naturaleza, constituye un supuesto de regulación normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España”. Advertían de que esa norma española no es un reconocimiento individualizado sino un régimen general “para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular”. Esto les suscitaba la duda de si habría que preguntar a la UE sobre si colisiona con la norma europea.